Yucatán se queda con cuatro comunidades mayas en disputa territorial con Quintana Roo
El Congreso del Estado de Yucatán formalizó, mediante decreto, la incorporación de cuatro comunidades mayas a su territorio, en medio de una disputa de larga data con Quintana Roo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no resuelve de fondo.
Un decreto que redefine el mapa
El Congreso yucateco publicó el decreto 208/2026 en su Diario Oficial, mediante el cual declaró que las comunidades de Laguna, Campamento Hidalgo, Villa Guadalupe y Bolmay pertenecen a Yucatán. Con esta determinación, sus habitantes quedan reconocidos oficialmente como yucatecos.
El territorio en disputa
Los cuatro poblados se ubican en la zona conocida como Punto Put, en el límite entre Yucatán y Quintana Roo. Aunque geográficamente forman parte de Chemax, mantienen una fuerte interconexión cotidiana con Valladolid, lo que ha dificultado una definición territorial clara durante décadas.
Servicios públicos como prioridad
El decreto instruye a los ayuntamientos de Chemax y Valladolid a garantizar la prestación continua y eficiente de servicios públicos en estas comunidades, además de clasificarlas como zonas de atención prioritaria. También exhorta a diversas dependencias federales —bienestar social, salud, educación, pueblos indígenas y medio ambiente, entre otras— a coordinarse con el gobierno estatal para evitar que los habitantes queden excluidos de programas y trámites por la incertidumbre territorial.
Un litigio que lleva más de tres décadas
El conflicto se originó de facto en los años noventa, pero escaló al terreno legal en 2019, cuando Quintana Roo modificó sus límites territoriales mediante el Decreto 303. Esa acción afectó a varios municipios yucatecos, incluidos Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Peto, Tzucacab y Tekax, y llevó a Yucatán a impugnarla ante la Suprema Corte mediante la controversia constitucional 226/2019, que a la fecha permanece sin resolución.
Lo que sigue pendiente
Mientras la SCJN no emita un fallo definitivo, la disputa territorial entre ambos estados seguirá abierta. El decreto yucateco marca, sin embargo, un paso firme hacia la consolidación administrativa de estas comunidades bajo su jurisdicción.